Por Enrique Quiroz.
Arriaga, Chiapas.- El Concejo de este municipio, luego de tener noticia de que dos funcionarias de este mismo se habían dedicado a “vender salvo-conductos” a migrantes de distintos países centroamericanos, tomó la decisión de separarlas de sus respectivos cargos, dado a que a todas luces constituía una violación a los derechos humanos de los que hoy transitan en territorio mexicano.
El día de ayer, 26 de abril de 2019, el Concejo Municipal de Arriaga, que encabeza Ovidio García Santos, tomó la determinación de separar de sus respectivos cargos a María Patricia Salas Muñoz y Karla Airel Murias Duque, por “vender salvoconductos” a personas provenientes de países centroamericanos, para poder “transitar en suelo arriaguense”.
Las hoy ex funcionarias que fungían como coordinadora y auxiliar comisionada de atención de protección al migrante y refugiados, respectivamente, fueron retiradas debido a que al “comercializar” este documento, violentaron los derechos humanos de los que hoy vienen de sus países de origen, buscando mejores oportunidades de vida.
Finalmente, en un comunicado subido a redes sociales el Concejo Municipal recalcó que nunca pidió se llevaran a cabo estas actividades de extorsión y mucho menos que se tomaran otras facultades que no fueran las que exclusivamente les competía, aseguraron.
