Familias desplazadas por la violencia en comunidades de Chicomuselo, Chiapas, enfrentan una nueva barrera para regresar a sus hogares. Las autoridades locales han impuesto multas de hasta 100 mil pesos para permitir su retorno, según denunciaron habitantes que solicitaron el anonimato. La medida, que consideran “injusta e ilegal”, afecta gravemente a las familias que abandonaron sus bienes y han vivido sin ingresos estables desde su desplazamiento.
Además, los denunciantes señalaron que algunos residentes que permanecieron en las comunidades se han apropiado de viviendas y terrenos de los desplazados, complicando aún más el retorno de las familias. El desplazamiento fue provocado por la violencia de grupos criminales que disputan el control del territorio, situación que desde hace más de tres años ha obligado a cientos de familias a huir hacia otros estados, municipios e incluso al extranjero.
Aunque algunas familias han regresado desde hace un mes, enfrentaron presiones de grupos delictivos para participar en actividades como filtros de control de acceso a las comunidades. Con la llegada de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y las operaciones de las fuerzas de seguridad desde diciembre, estas prácticas han disminuido. No obstante, las multas impuestas y la falta de transporte público en la región siguen dificultando el regreso de los desplazados.
Los pobladores pidieron la intervención de las autoridades estatales y federales para garantizar su regreso sin extorsiones. Además, destacaron que, pese a la reapertura de las carreteras en la zona, el transporte público aún no ha reanudado el servicio entre Frontera Comalapa, Chicomuselo y Comitán, agravando el aislamiento y los problemas de movilidad en la región. Según reportes, el servicio podría reanudarse este martes, lo que sería un paso hacia la normalización en estas comunidades golpeadas por la violencia. /Con información: jornada.com.mx
