- Resaltó los trabajos de la Mesa de Seguridad que encabeza el gobernador Rutilio Escandón para garantizar la seguridad y la paz en la entidad.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca entregó este martes su informe de labores correspondiente al periodo comprendido del 10 de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 ante la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado de Chiapas, refiriendo las actividades sustantivas realizadas y sus resultados, incluyendo los indicadores que los reflejan, destacando entre otros temas el restablecimiento del Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco.
Ante la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado y el diputado José Octavio García Macías, presidente de la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado, Llaven Abarca informó que el 10 de diciembre de 2018 cuando fue designado fiscal del Estado asumió el compromiso de incrementar el número de investigaciones judicializadas y el número de sentencias condenatorias, cumpliendo con la confianza del pueblo chiapaneco que demandaba paz y justicia, sobre todo el restablecimiento del anhelado Estado de derecho.
“Uno de los principales problemas que aquejaba a los chiapanecos eran las invasiones de tierras. Algunos grupos sociales habían decidido hacer del delito de despojo una constante, con lo cual no solamente se lesionaba el patrimonio de la gente sino que se inhibía el desarrollo y el progreso de Chiapas; por eso desde la Mesa de Seguridad Estatal, que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, nos dimos a la tarea de recuperar las miles de hectáreas invadidas y dar confianza a la ciudadanía”, dijo.
Asimismo, indicó que la Fiscalía tomó acciones especiales para realizar un combate a la dilación existente en las indagatorias iniciadas en 2017 y 2018 que fueron heredadas de la administración pasada, alcanzando una reducción del 53 por ciento en el rezago en carpetas de investigación, garantizando así el derecho humano de acceso a la justicia de las y los chiapanecos.
No obstante, agregó Llaven Abarca, derivado de la reforma de los artículos 198, 199 y 200 del Código Penal para el Estado de Chiapas, desde el pasado 5 de julio la Fiscalía ha detenido a 182 personas por el delito de violencia familiar, el cual hoy se persigue de oficio para cerrarle las puertas a la impunidad.
El responsable de la procuración de justicia en Chiapas afirmó que otro delito que se ha combatido sin simulaciones en Chiapas es el secuestro, logrando ubicar y detener a 21 objetivos prioritarios de la Fiscalía Antisecuestro, superando incluso la meta planteada al inicio de esta administración; además de desarticular 11 bandas delictivas dedicadas a esta actividad ilícita.
El fiscal general hizo hincapié en la creación del Voluntariado FGE “Siempre Al Lado de La Gente”, cuyo objetivo directo es brindar atención integral a niños, niñas, mujeres y jóvenes víctimas del delito, garantizando así una procuración de justicia más humana y más sensible a las necesidades de las y los chiapanecos.
Por otra parte, enfatizó que el 10 de agosto tomó protesta de ley a las y los integrantes de la Academia de Derecho Penal de la Fiscalía del Estado, con el objeto de promover un programa de acción dedicado al estudio y a la investigación jurídica entre las y los servidores públicos para procurar una justicia más eficaz a las y los chiapanecos.
Finalmente, señaló que una de las justificantes más importantes para el cambio del sistema tradicional al sistema acusatorio de administración de justicia penal, fue la despresurización de la justicia y la reparación integral del daño, por lo que la Fiscalía logró acuerdos reparatorios históricos en Tonalá, donde los individuos detenidos por la probabilidad de que fueran autores del delito de ecocidio al talar cedro de manera ilegal, en lugar de ir a juicio, decidieron plantar tres mil árboles y en Tuxtla Gutiérrez, donde una persona señalada por la probabilidad de ser quien cometió el delito de allanamiento, accedió voluntariamente a saldar su deuda con la sociedad y hacer servicio comunitario en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro.
“Con ello se demuestra que la Fiscalía General del Estado no es enemiga de la sociedad, ni siquiera de los imputados, sino que cumple su función natural de actuar y permanecer siempre al lado de la gente”, expuso.
