Familiares de personas privadas de la libertad denunciaron en redes sociales, presuntos actos de corrupción y abusos dentro del Centro Penitenciario No. 13, ubicado en Tonalá, señalando directamente a su directora, Aída García Rojas. De manera anónima, acusaron que el penal opera bajo un sistema de “cuotas” y privilegios que favorece a quienes pueden pagar.
Entre las irregularidades expuestas, aseguran que se restringe el ingreso de alimentos básicos como pan, tortillas, fruta y galletas, obligando a los internos a adquirir productos en la tienda interna. También denunciaron que quienes intentan emprender pequeñas ventas al interior deben entregar un supuesto “impuesto” del 10% de sus ganancias a la administración.
Otro de los señalamientos apunta a un presunto acceso preferencial para mujeres que, según los testimonios, ingresan con solo presentar identificación oficial tras pagar una cuota, mientras que a esposas legítimas se les exige estrictamente el “tarjetón”. Incluso, los denunciantes hablan de la posible operación de una red de prostitución tolerada por autoridades del penal.
Ante la gravedad de las acusaciones, los familiares hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad del Pueblo y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que realicen una auditoría e investiguen a fondo. Hasta el momento, no hay postura oficial sobre estos señalamientos. /Con información página de Facebook: Quinto Poder
