“Todo el Peso de la Ley a quien Manche las Instituciones”
A Fuego Lento.
Por: Alberto Ramos García
La compleja realidad social y de seguridad en el sur de México ha puesto a prueba el liderazgo de mandatarios estatales, en el caso de Eduardo Ramírez Aguilar, su llegada al poder como gobernador constitucional del estado de Chiapas, marcó una línea por las expectativas que generaron su sólida trayectoria académica y su amplia experiencia política. Amén , con una votación histórica, que ningún ex gobernador había alcanzado
Formado como abogado y con posgrados que incluyen una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y un doctorado en Ciencias Políticas, Ramírez Aguilar ha combinado su preparación académica con una carrera pública que abarca desde el gobierno municipal hasta la representación federal.
Ramírez antes de asumir la gubernatura fue presidente municipal de Comitán de Domínguez, diputado federal, secretario general de Gobierno en Chiapas, diputado local y senador de la República, posiciones que le dieron una perspectiva integral de las dinámicas políticas y sociales de su entidad.
Al asumir su mandato, el gobernador enfrentó un panorama de violencia generada por la presencia de grupos del crimen organizado, que había escalado en años recientes y afectaba de forma severa la vida cotidiana de chiapanecos y chiapanecas.
La respuesta desde su primer día de gobierno fue contundente: decidió crear una fuerza élite para el combate a la delincuencia, conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), dependiente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.
La FRIP fue diseñada para actuar con rapidez y coordinación para desarticular células criminales, proteger carreteras y recuperar territorios sometidos a la influencia del crimen.
La llegada de esta fuerza fue interpretada por analistas y ciudadanía como un cambio estratégico en el abordaje de la inseguridad, lejos de políticas meramente reactivas, se apostó por un enfoque más agresivo y especializado, una decisión que pronto rindió frutos, según informes oficiales que destacaron una reducción significativa de homicidios y otros delitos en los primeros meses de operación, así como el restablecimiento del control estatal en municipios fuertemente disputados.
Sin embargo, ningún proyecto de seguridad está exento de críticas o cuestionamientos, ni mucho menos que no se intente ser permeado por la delincuencia.
Recientemente, el diario El Universal publicó una investigación que sugiere que elementos de la FRIP habrían figurado en un documento de “narconómina” atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con registros de supuestos pagos a miembros de esta fuerza élite.
La reacción del Inquilino de la Sede de Gobierno, Ramírez Aguilar fue clara, y salió a dar la cara, su instrucción es realizar una investigación exhaustiva a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, para indagar cualquier posible vínculo o irregularidad.
El gobernador subrayó que no se permitirá que se manche la labor de las instituciones de seguridad, y que, de confirmarse irregularidades, se actuará con todo el peso de la ley.
Esta postura refleja un tinte de responsabilidad institucional que va más allá de la simple defensa de sus políticas, reconoce que incluso los instrumentos más estratégicos pueden requerir ajustes, supervisión y rendición de cuentas.
No obstante, estas mejoras deben ser continuamente evaluadas, no solo con estadísticas que favorezcan la narrativa oficial, sino también con indicadores que midan la calidad de vida, la percepción de justicia y la plena vigencia de los derechos humanos en los procedimientos policiales.
El restablecimiento de la paz en zonas antes vulnerables y la percepción ciudadana de mayor seguridad han colocado a la administración de Ramírez Aguilar en posiciones destacadas en algunas encuestas nacionalmente.
Durante 2025, Chiapas cerró con 324 homicidios dolosos, lo que implicó una reducción del 51 % respecto a 2024, año que registró 662 casos. Esta cifra representa el número más bajo de homicidios dolosos en el estado desde 2010.
El total de delitos de alto impacto en Chiapas pasó de 2 mil 530 carpetas de investigación en 2024 a mil 440 en 2025, equivalente a una baja del 43 %.
El robo de vehículos disminuyó aproximadamente 55 % en 2025, comparado con 2024.
Las estrategias de seguridad implementadas, incluida la creación de la fuerza élite FRIP (Fuerza de Reacción Inmediata Pakal) y operativos coordinados, han sido vinculadas a la mejora de la percepción pública en materia de seguridad y al posicionamiento del estado en índices de disminución del delito.
Y en comparación con el sexenio anterior, bajo el gobierno de Rutilio Escandón, Chiapas enfrentó un incremento notable de homicidios en el último tramo de su mandato, con cifras que incluso colocaron el 2024 como uno de los años más violentos del periodo reciente.
El viraje en las cifras durante 2025, especialmente la reducción sustancial de homicidios y otros delitos, contrasta con la escalada delictiva vista en años previos al cambio de gobierno, lo que indica un cambio en la tendencia general de seguridad pública en la entidad desde la llegada de Ramírez Aguilar.
Finalmente…
En un momento en que México enfrenta desafíos crecientes en materia de seguridad, Chiapas ha decidido trazar una línea clara, la ley y el Estado deben prevalecer sobre el miedo y la intimidación.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio un paso importante al inaugurar la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Extorsión y relanzar la aplicación ciudadana “No te enganches”, herramientas que buscan enfrentar de forma directa a quienes lucran con la vulnerabilidad de comerciantes, transportistas y familias chiapanecas.
Nos leemos mañana, Dios mediante, y recuerden: *Eduardo Ramírez va de frente contra el crimen organizado; en Chiapas no habrá territorio para la delincuencia*
