- Pijijiapan, Motozintla y Villa Comaltitlán facturaron servicios a migrantes inexistentes
06 de marzo de 2026
Municipios de Chiapas con altos índices de pobreza y paso obligado de caravanas migrantes cargaron al erario millones de pesos en supuesta atención a niñas, niños y adolescentes en movilidad, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que los servicios nunca se otorgaron, los alimentos no se entregaron y los centros de asistencia operan solo en el papel. Las auditorías 613, 608 y 625, correspondientes a la cuenta pública 2024, revelan un escándalo de corrupción que afecta directamente a la población más vulnerable.
En Pijijiapan, municipio donde el 68% de la población vive en pobreza y más de mil 200 migrantes suelen quedar varados, la ASF observó 1.9 millones de pesos del programa “Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes”. El grueso del desvío, un millón 395 mil pesos, corresponde a “productos de primera necesidad” que nunca fueron adquiridos, mientras que 536 mil 400 pesos destinados a gastos de operación del albergue local tampoco pudieron ser justificados. Los auditores advierten que, al no acreditar el ejercicio del recurso, “existe el riesgo de que no esté siendo utilizado para su objetivo”.
En Motozintla, también en la Sierra Madre y con 66% de pobreza multidimensional, la observación asciende a 947 mil pesos por la contratación irregular de personal de salud para atender a menores migrantes. El municipio pagó sueldos completos, pero no pudo acreditar que los empleados contaran con las cédulas profesionales exigidas por la Ley General de Salud y la legislación estatal. Para la ASF, esta discrecionalidad pone en riesgo la calidad del servicio a una población que, tras caminar hasta 150 kilómetros desde Tapachula, llega con lesiones y necesita atención médica especializada.
El caso más grave se registra en Villa Comaltitlán, donde se destinaron 5 millones de pesos para operar un Centro de Asistencia Social para migrantes. La auditoría 625 reveló que el complejo no opera, el equipamento permanece guardado en cajas y, aun así, se pagaron 2.5 millones en nómina y 1.2 millones del programa E040 “Servicios de Asistencia Social Integral” sin que exista evidencia de atención a un solo menor. “Es un gasto público sin beneficio social”, sentencia el órgano fiscalizador.
A estos desfalcos se suma el caso de Tapalapa, donde el programa de desayunos escolares “Barriguita llena, corazón contento” recibió 427 mil pesos que, según la ASF, no cuentan con documentación comprobatoria: no hay listas de beneficiarios, ni actas de entrega, ni evidencia fotográfica de que los alimentos llegaran a los centros escolares. En conjunto, las irregularidades detectadas en estos cuatro municipios evidencian una red de simulación que, aprovechándose de la crisis migratoria y la vulnerabilidad infantil, desvió recursos públicos sin importar las consecuencias sociales. /Con información: emeequis.com
