PAN de Chiapas: movimientos y golpes bajos

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Disfrazando candidaturas con coordinaciones

A Fuego Lento

Por: Alberto Ramos García

Hay historias de corrupción que comienzan con la pérdida de una propiedad, pero terminan exhibiendo algo mucho más peligroso, la posibilidad de que las instituciones encargadas de proteger el patrimonio de los ciudadanos se conviertan en instrumentos para arrebatárselo.

Chiapas vuelve a colocarse en el centro de señalamientos sobre presuntas redes de intereses inmobiliarios, tráfico de influencias y utilización de estructuras judiciales; esta vez, los cuestionamientos apuntan hacia el denominado Grupo Tabasco, la Notaría Pública 116 de San Cristóbal de Las Casas y el entorno del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Guillermo Ramos Pérez.

Uno de los nombres que aparece en esta controversia es el de Josefa Sangeado Camacho, titular de la Notaría Pública número 116, con sede en San Cristóbal de Las Casas, quien ha sido identificada en publicaciones periodísticas como esposa de Guillermo Ramos Pérez, quien encabezó el Poder Judicial de Chiapas y el Consejo de la Judicatura a partir de agosto de 2022.

Durante su gestión, de acuerdo con publicaciones periodísticas, surgieron señalamientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas, manejo de recursos públicos y posibles prácticas de influencia dentro de la estructura judicial.

Uno de los casos que obliga a mirar hacia esa administración es el expediente relacionado con el presunto quebranto de más de 24.5 millones de pesos al Poder Judicial, por un supuesto mantenimiento a una Red Dorsal de Microondas que, según la investigación periodística, había sido desinstalada meses antes.

En abril de 2026, Diario de Chiapas informó sobre la detención de una exfuncionaria judicial y un representante empresarial por este asunto, identificado con la causa penal 121/2026.

A ello se suman señalamientos periodísticos sobre presuntas intervenciones en nombramientos, promociones y movimientos de personal judicial; se habla de una red de influencias para controlar juzgados civiles, magistraturas o áreas estratégicas.

La controversia también ha sido relacionada en columnas políticas con el llamado Grupo Tabasco, en ese contexto aparecen referencias a Adán Augusto López Hernández y a presuntas conexiones de operadores políticos con intereses económicos y judiciales en Chiapas.

El periodista y analista Simón Levy ha sido mencionado en la narrativa de estos señalamientos, particularmente por supuestas conexiones políticas y financieras.

El asunto adquiere otra dimensión ante las versiones de que información sobre presuntas operaciones financieras, patrimoniales e inmobiliarias habría sido puesta a disposición de autoridades estadounidenses.

Aquí aparece una referencia jurídica que merece explicarse: la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), legislación federal de Estados Unidos diseñada para perseguir organizaciones que participan en patrones de actividad criminal organizada; pero si existen transferencias internacionales, operaciones financieras transfronterizas o activos relacionados con actividades ilícitas, las autoridades estadounidenses podrían tener motivos para examinar los elementos que entren dentro de su jurisdicción.

Familias que han comprado terrenos, personas que han pagado una vivienda durante años y propietarios que terminan enfrentando litigios o perdiendo el control de sus bienes no pueden quedar atrapados en una estructura de impunidad.

Chiapas tiene antecedentes documentados de denuncias por fraudes y despojos inmobiliarios. Investigaciones periodísticas publicadas desde 2023 han expuesto casos relacionados con empresas constructoras, notarías y presuntas alteraciones documentales. En 2026 también se han reportado nuevos conflictos por compraventas y despojos de terrenos en municipios como Tapachula.

La Fiscalía General del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Dirección del Notariado y las instancias de disciplina judicial tienen una responsabilidad ineludible, revisar los expedientes, rastrear las operaciones patrimoniales y determinar si hubo funcionarios que utilizaron sus cargos para favorecer intereses particulares.

También debe revisarse el otorgamiento de la Notaría 116, su historial de operaciones, los instrumentos notariales relacionados con los casos denunciados y cualquier posible conflicto de interés.

Porque, la justicia no puede tener dueño, ni las escrituras de una familia pueden convertirse en moneda de cambio de los intereses del poder.

Finalmente…

En el blanquiazul también hierven las cosas rumbo a 2027.

Mientras Morena administra sus propios jaloneos, en el PAN de Katy Caravantes y Diego Valera ya comenzó el desfile, movimientos, negociaciones y hasta golpes bajos por las posiciones que estarán en juego el próximo año.

Hay más de mil registros sobre la mesa para las llamadas Coordinaciones de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, figura que sirve para disfrazar las candidaturas y no evadir leyes electorales, igual que lo hace Morena.

En la lista panista hay de todo, desde alcaldes que buscan reelección, exfuncionarios que quieren regresar, legisladores que aspiran a otro cargo y hasta perredistas que hace años los atacaban.

Nos leemos mañana , Dios mediante , y recuerden : Cuando un político ha perdido el sentido del ridículo es porque también ha perdido el sentido de la realidad.