Raquel Gutiérrez/Tonalá.-El comunicador en la Costa de Chiapas Juan
Antonio González, ratificó su denuncia el pasado jueves 27 de julio en las oficinas de la Secretaria de Gobierno, esto por la forma cobarde que fue agredido, amedrentado y amenazado de muerte por un sujeto que pertenece a una institución privada de seguridad de la ciudad de
Arriaga, hechos ocurridos el pasado 4 de mayo del presente año, informó.
Fue este jueves que se presentó para su aprobación en la Junta de Gobierno, en el supuesto de tener observaciones al estudio de referencia, remitir sus observaciones.
‘Estoy agradecido por el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, a Roberto Campa y a todos los funcionarios que han participado para proteger a los periodistas de nuestro país, hoy los periodistas de México nos encontramos protegidos por una ley que regula el gobierno federal, agradezco a la licenciada Estefanía Muñoz, por haber conocido mi caso y elevarlo a este sistema”, señaló Juan Antonio González.
Destacó que gracias a que existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, perteneciente a la Segob; hoy los comunicadores están protegidos, quien así lo desee obviamente. “Este espacio –agrega- es una expresión de muchos esfuerzos y de la urgente necesidad de que el Estado Mexicano en su conjunto, y del Gobierno en concreto, se hagan cargo de la seguridad de los ciudadanos y de las poblaciones vulnerables en particular” abundó.
La Segob en esa área no escatima esfuerzo ya que las personas físicas, así como representantes de medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, quienes han sido agredidos física y verbalmente pueden, ya tienen una dependencia a quien acudir, sostuvo el entrevistado.
Juan Antonio González y Alfredo Ovilla Velázquez, el primero como víctima de un presunto sujeto que portaba arma de fuego al momento de la agresión y el segundo como defensor del comunicador fueron citados para participar en la ciudad de México precisamente a la cuadragésima octava sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, misma que tuvo verificativo los días 27 Y 28 de julio del presente.
En ese tenor el abogado y defensor de Juan Antonio González, señalo
“Dejamos en claro perfectamente nuestra postura, y sobre la opacidad de la Fiscalía General del estado, que desde la fecha de integración de la carpeta de investigación (Carpeta de atención que al inicio realizaron) han denotado cero interés y qué decir de los fiscales para periodistas entre otros puntos”, agregó.
En dicha reunión la parte agredida fue atendida por parte de la Procuraduría General de la Republica, Policía Federal, Comisión de los Derechos Humanos y las corporaciones de seguridad nacional quienes resolvieron el caso, mismo que será atraído directamente por la PGR.
Siendo la relatora del caso la analista Estefanía Muñoz Pérez quien atrajo el estudio de evaluación de riesgo.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México tiene sus antecedentes remotos en la presión que particularmente organizaciones de la sociedad civil generaron a finales del siglo pasado. La articulación de instancias de sociedad civil especializadas en la defensa y promoción de derechos humanos fue generando, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, conciencia de la vulnerabilidad en la que se encontraban las y los defensores de derechos humanos.
La labor de estos espacios organizados y cada vez más profesionales de la sociedad civil, generó un creciente malestar en autoridades acostumbradas a no tener referentes críticos de sus acciones y menos denuncias por violaciones a los derechos humanos. En vez de cambiar sus prácticas algunas autoridades respondieron con amenazas, hostigamientos, criminalizando la labor de la defensa de los derechos humanos. Junto con ello, los y las periodistas que hacían eco de los comunicados e informes de estos espacios críticos, sufrieron las mismas consecuencias. De igual manera, la labor de investigación independiente de las y los periodistas generó los mismos efectos.
