De acuerdo con la directora en México de Save the Children, María Josefina Menéndez, en el país, al menos dos millones de niños trabajan y una tercera parte de ellos lo hace en el sector agrícola.
Durante la inauguración de un Centro de Atención y Educación Infantil para hijos de jornaleros en la comunidad Pozo de Ibarra, Josefina Menéndez señaló que el número de niños laborando, de entre cinco y 17 años de edad, equivale a 10 por ciento de la población infantil, pero se cree que la cifra negra es de casi cuatro millones de menores que trabajan.
La directora recordó que a pesar de las reformas para combatir el trabajo infantil, muchos la desconocen, y es que la edad mínima para el trabajo agrícola ya es de 18 años, por esta razón es necesaria la colaboración de gobierno e iniciativa privada para hacer efectivas las reformas.
El trabajo infantil no es generalmente una ocupación de la niñez abandonada o de menores que se hayan fugado de su casa. Los que trabajan son niños que van a la escuela, salen a las calles o talleres a laborar y retornan a sus hogares para dormir. Esta situación sugiere distintos procesos de socialización entre los trabajadores y aquellos institucionalizados o que viven en las calles.
Naturalmente, las condiciones actuales del trabajo infantil deberían modificarse sustancialmente, pues constituyen un factor negativo para su pleno desarrollo. Pero la solución debe apuntar fundamentalmente a mejorar los niveles de empleo y las remuneraciones de la población en edad de trabajar, y forjar así las premisas económicas básicas para ir disminuyendo progresivamente la participación temprana de niños y adolescentes en ocupaciones nocivas para su salud y su desarrollo. Si bien en el mediano y largo plazo debe tenderse a suprimir el trabajo nocivo de los niños y adolescentes, en el corto plazo la alternativa no podría consistir en presionar para que estos abandonen de inmediato las ocupaciones que hoy realizan (salvo las que los exponen a inminentes riesgos físicos y morales) para que supuestamente, se puedan dedicar con exclusividad para el estudio.
En tal disyuntiva, la necesidad de trabajar, los obligaría a abandonar la escuela. Los cambios inevitablemente han de venir por el lado del sistema educativo, el cual debe ser lo suficientemente flexible como para atender a la situación desventajosa de estos niños, en la medida que su experiencia de vida pueda generar personas más responsables y solidarias. Lo ideal sería que los niños y adolescentes reciban una educación verdaderamente fundada en el trabajo, incorporando los aspectos formativos de éste dentro de la enseñanza escolarizada. Así, el trabajo en lugar de ser una opción de sobre-vivencia para “los niños pobres”, podría ser una alternativa educativa constructiva y liberadora que beneficiaria y comprometería a todos.
Asimismo, no se debe cejar en la exigencia del cumplimiento de las normas que protegen actualmente al trabajador infantil. Las disposiciones legales del Código de Niños y Adolescentes, a pesar de ser un hito muy importante en los intentos de defender a la niñez del abuso y la explotación, serán letra muerta si la estructura económica y social del país no se modifica de manera sustancial, si no se construyen los mecanismos que concreticen los aspectos positivos de aquel instrumento jurídico, y si no se propugna una conciencia activa a favor de la niñez en los diversos niveles de la llamada sociedad civil.
En suma se puede constatar que aún queda un largo camino por recorrer.
Dios les bendiga mis amados.