La presidenta Claudia Sheinbaum destapó siete investigaciones en contra de funcionarios públicos por su presunta participación en una red de “huachicol fiscal” que opera en puertos y aduanas del país. De acuerdo con información oficial, los órganos internos de control de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Guaymas, Tampico y Ensenada, así como de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México, iniciaron las indagatorias por posibles responsabilidades administrativas.
La información fue revelada por la mandataria al responder por escrito 50 preguntas de los grupos parlamentarios del Senado, con motivo de su Primer Informe de Gobierno. El cuestionamiento específico provino del Grupo Parlamentario del PAN, que solicitó precisiones sobre las acciones emprendidas para desarticular la “red de huachicol fiscal que opera dentro de las instituciones de gobierno”. En su respuesta, el Ejecutivo detalló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya abrió los procedimientos en áreas estratégicas del sistema portuario y aduanero.
Aunque el gobierno federal no reveló los nombres de los implicados ni los hechos específicos que motivaron las investigaciones, subrayó que estas se realizan con apego a los principios de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia. Las indagatorias, que podrían derivar en la atribución de faltas administrativas graves o no graves, se conducen “sin distinción de jerarquías, cargos o filiaciones políticas”, con el objetivo de identificar posibles responsabilidades tanto de servidores públicos como de particulares.
Los puertos y aduanas del país se han convertido en focos rojos para la actual administración, particularmente desde que el control operativo de varias de estas instalaciones fue transferido a la Secretaría de Marina en años recientes para combatir el contrabando y la corrupción. El “huachicol fiscal” hace referencia a la defraudación al fisco a través de la manipulación en la importación de mercancías, un ilícito que merma los ingresos del Estado y que ahora pone en la mira a funcionarios de tres puertos estratégicos para el comercio exterior mexicano. /Con información: sonorapresente.com
