Durante esta madrugada, el pleno del Senado aprobó el Código de Justicia Militar que permitirá al Ministerio Público castrense, previa orden judicial, ordenar cateos en instalaciones particulares, gubernamentales o del Poder Legislativo, así como intervenciones telefónicas.
Fueron más de 11 horas y un debate del Código de tres y media, el PRI y el PAN avalaron con 78 votos a favor y 27 en contra del PRD y PT, mismos que advertían sobre los riesgos de aprobar esa reforma.
El senador Alejando Encinas argumentó violaciones al reglamento del Senado, debido a la celeridad con que se aprobó en comisiones esa minuta proveniente de la Cámara de Diputados, también insistió en el peligro de dar a los ministerios públicos militares la facultad de intervenir en tareas de inteligencia, comunicaciones telefónicas y de darle la facultad de ordenar la presentación de civiles en juicios militares.
La senadora del PRD, Dolores Padierna, señaló que al aprobar tales modificaciones, México está desafiando las recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de protección a los derechos humanos, en materia de fuero militar y se abre la puerta a que los efectivos castrenses pudieran ser juzgados y sentenciados en un proceso penal militar por una conducta sólo como desobediencia.
“Nuevamente se pretende imponer vía fast track una reforma contraria al artículo primero constitucional, nuevamente se quiere garantizar la impunidad para militares que cometen delitos no vinculados a la disciplina militar y violaciones a los derechos humanos” dijo.
Insistieron en que se suprime los consejos de guerra, se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral, además de que se transforma a la Procuraduría de Justicia Militar en la Fiscalía General de Justicia Militar.
Al recordar el caso del video de la mujer que fue torturada por miembros del ejército mexicano, perredistas mencionaron que debería obligar a los legisladores a no aprobar una reforma que da más facultades a los militares para para el cateo de los domicilios de las personas, así como la invasión de sus comunicaciones privadas y aspectos graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar, así también es necesario señalar aquellos actos de investigación tan amplios que no requieren de control judicial.