La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chiapas enfrenta severas críticas por limitaciones en transparencia y profundos rezagos en la supervisión de los recursos públicos ejercidos por los 124 ayuntamientos de la entidad. Un análisis de su portal oficial revela información incompleta y desactualizada, sin detalle de sanciones, declaraciones patrimoniales de alcaldes o datos sobre asignación de obras públicas. Este vacío de información refuerza la percepción de una fiscalización parcial e ineficaz, que no rinde cuentas claras a la ciudadanía sobre el destino de miles de millones de pesos.
Los rezagos son cuantificables: la ASE solo publica información hasta el ejercicio 2023, mientras que los ayuntamientos que iniciaron en octubre de 2024 apenas entregaron la cuenta pública de ese año, teniendo pendiente 2025. Para 2026, el organismo aún opera con el programa anual de auditorías 2025, diseñado para fiscalizar las cuentas públicas 2024, con un presupuesto asignado de más de 220 millones de pesos. Dicho programa, ampliado de 203 a 256 auditorías, incluye 13 financieras y 40 sistemas DIF municipales, abarcando municipios clave como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula.
Los primeros resultados de las auditorías, disponibles en el portal de la ASE, revelan observaciones financieras significativas en diversos municipios. Acacoyagua fue observado por 9.4 millones de pesos por falta de comprobantes en obras y servicios; Aldama, por 23.7 millones debido a irregularidades en contratación de personal y obras sin justificación; y Amatán arrastra un pliego de observaciones no atendidas por 277 millones. Estos hallazgos han sido remitidos a la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El contexto político añade presión: diputados locales de todos los partidos exigen transparencia y rigor, mientras la Fiscalía General del Estado ha detenido a exalcaldes como Ernesto Cruz Díaz de Cintalapa, evidenciando que la opacidad tiene consecuencias penales. Con un presupuesto global de más de 38 mil millones de pesos para los ayuntamientos en 2026, la ASE se encuentra en una encrucijada: debe transformarse de un órgano rezagado en un verdadero pilar de rendición de cuentas, bajo la creciente demanda social y legislativa de un combate real a la corrupción municipal. /Con información: oem.com.mx
