El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con sede en San Cristóbal de Las Casas, exigió al Estado mexicano cesar la criminalización de la protesta social, esto luego documentar agresiones y violaciones en contra de familias chiapanecas durante el operativo de desalojo de maestros por parte de policías estatales y federales el pasado 15 de abril.
Durante el desalojo del magisterio, mujeres, niñas y niños así como personas mayores fueron afectadas por gases lacrimógenos; se tiene registrado que al menos 24 personas, cuatro de ellas no manifestantes, fueron privadas arbitrariamente de su libertad, incomunicadas durante más de 12 horas, con tratos crueles inhumanos y degradantes y sin protocolos que garanticen su seguridad e integridad personal.
8 profesoras y 10 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron trasladadas injustificadamente al Penal de Máxima Seguridad en Tepic, Nayarit, acusados de ataques a las vías generales de comunicación, daños, terrorismo y lesiones, delitos tipificados para inhibir la protesta social, criminalizar y judicializar la libre manifestación.
El Centro de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por “Vulnerar derechos a la Manifestación, Asociación y Reunión, Pensamiento y Expresión, así como también los derechos a la Libertad, a la Integridad y Seguridad Personal y en relación a los anteriores el derecho al Debido Proceso Legal”.
