El Movimiento Nacional del Taxi, dieron un plazo máximo de dos semanas para ser recibidos por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong o parar la operación de las unidades piratas que realizan transporte de pasajeros sin concesión o permiso, de lo contrario iniciarán un paro indefinido a nivel nacional por alrededor de un millón de unidades de transporte colectivo, urbano y suburbano.
Bersaín Miranda, presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del estado de Chiapas, sostuvo que están dejando constancia de que por la vía de la civilización y el diálogo, se dé un encuentro con el Secretario de Gobernación; si no se da entonces nos iremos al paro nacional.
Cada una de las organizaciones de transportistas en sus entidades paralizarán el servicio de transporte por tiempo indefinido hasta que el diálogo se dé con el secretario. Cerca de un millón de unidades dejarán de prestar el servicio en 28 estados del país., aseguró
Señalaron que su movimiento en contra de las empresas internacionales que les compiten sin concesión ni permiso para dar el servicio de transporte de pasajeros de forma ilegal, que no sólo se fortalece, sino que también crece en todo el país.
A su vez, Ignacio Rodríguez dijo a nombre de sus compañeros que existe gran interés de compañeros taxistas de otros estados para unirse a este movimiento, pero también de otras modalidades del transporte que están siendo afectadas por los diferentes gobiernos.
En los días posteriores a la movilización del pasado 12 de octubre se unieron al Movimiento el estado de Colima y también representantes del transporte colectivo, masivo, urbano y suburbano, así como los taxistas libres de la Ciudad de México y otros estados.
Frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, los voceros del Movimiento Nacional del Taxi destacaron que su presencia en la dependencia gubernamental fue para dar seguimiento a los acuerdos celebrados el pasado miércoles con el director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Pérez Ochoa.
Este es el inicio de una ofensiva jurídica, de movilización social y mediática para defender los derechos que tenemos como mexicanos y como trabajadores respetuosos de nuestras leyes a las que nos hemos acogido desde hace muchos años y por generaciones”, resaltó Ignacio Rodríguez, vocero.
Finalmente, destacaron que lo que está en juego, además del gran hueco que le están haciendo a la economía nacional, es perjudicar los recursos económicos de más de 700 mil familias en todo el país que han sufrido una baja en sus ganancias hasta en un 40 por ciento.
Lo que están realizando los gobiernos federal, estatales, municipales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México donde ya operan estas empresas, no sólo es una omisión, sino que se presta a pensar en la existencia de un claro contubernio económico-político con estas empresas económicamente poderosas, aseveró Ignacio Rodríguez, vocero del movimiento. ASICh