Con 94 votos a favor y 23 en contra, el pleno del Senado de la República, aprobó este miércoles en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas (la llamada ley 3de3) que obliga a los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, sin embargo, los funcionarios podrán ocultar algunos datos.
El pleno del Senado avaló que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, sin embargo, el artículo 29 abre la posibilidad a la interpretación, es decir, los funcionarios podrán ocultar “los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana (que será parte del Sistema Nacional Anticorrupción) emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento por faltas administrativas graves que detecten en sus auditorías.
Si detectan faltas administrativas no graves darán cuenta a los órganos internos de control, para que continúen con la investigación y promuevan acciones que procedan, ante la presunta comisión de delitos presentarán las denuncias ante el ministerio público.
La senadora independiente, Martha Tagle Martínez, mencionó que con esta reforma, se abre la posibilidad de que las leyes dispongan a quién no se le pondrán imponer responsabilidades, también señaló que no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios como bienes muebles o inmuebles.
La propuesta carece de un sistema de protección a denunciantes y testigos, además lamentó que quienes estén involucrados en un acto de corrupción, al denunciarlo podrán tener un beneficio para que se les disminuya la sanción administrativa o penal, algo que “resulta de una gravedad mayúscula”.
Aunque los senadores Laura Rojas, del PAN, y Zoé Robledo, del PRD, propusieron que los formatos de la iniciativa ciudadana “3de3” se incluyeran como se plantearon en un principio, la propuesta fue desechada por el voto en contra de 59 senadores.
Votación #Ley3de3 en el pleno del Senado via @Ley3de3 https://t.co/hqWYIZXKFL
— Ley 3de3 (@ley3de3) June 15, 2016