En su último día de estancia en México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó 20 recomendaciones a la procuradora general de la República, Arely Gómez, para que continúe con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y exhortaron a que la PGR cambie la llamada “verdad histórica”.
El GIEI recomendó investigar a todos los funcionarios públicos que “obstruyeron la investigación por falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia”. Luego de mostrar los numerosos elementos que ponen en cuestión la llamada “verdad histórica”, el grupo recomendó que “es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos”.
Pidió investigar los motivos por los cuales la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido) regresó al basurero de Cocula el 15 de noviembre de 2014, y saber cuál fue el sustento de esta nueva diligencia, en la cual sorpresivamente se levantan 42 casquillos en la zona alta de dicho basurero, cuando ya había sido revisada minuciosamente, así como por qué no fue notificado el Equipo Argentino de Antropología Forense.
El GIEI recomienda a la PGR unificar las distintas causas penales; dar seguimiento a la telefonía de los celulares tanto de los estudiantes desaparecidos como de los presuntos responsables (policías y miembros del crimen organizado); investigar las quejas de tortura presentados por muchos de los inculpados; seguir las investigaciones del trasiego de droga entre Iguala y Chicago, así como la existencia de laboratorios clandestinos en la zona y el movimiento de dinero. Y si los propietarios de los medios de transporte (autobuses) son empresas, entonces indagar sobre los propietarios, accionistas y socios.
También piden identificar completamente el quinto autobús, del cual fueron obligados a bajar los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que en las indagatorias iniciales no fue incorporada en el expediente.
Piden tomar las declaraciones testimoniales pendientes, entre ellas a los militares del 27 batallón de Iguala, quienes estuvieron en varias de las escenas y en momentos críticos de los hechos. También señalan que la PGR deberá requerir la documentación militar relevante, que tiene en su poder y no se ha incorporado a la investigación, así como la recuperación de los videos del Centro de Control C4, y otros más que tampoco están en el expediente, incluyendo el material fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia.
