Víctor Manuel Cruz Roque/Derecho de réplica.
Pues sí, como decía William E. Gladstone, la justicia demorada es justicia denegada. Eso es lo que sucede actualmente en Chiapas en muchas áreas de la administración pública, donde la parsimoniosa justicia va tan lenta, que a su paso deja tufos de injusticia e impunidad.
Nos referimos al “procedimiento ordinario sancionador” que aprobó el IEyPC en contra de Mario Antonio González Puón y Manuel de Jesús Narcía Coutiño—éste último alcalde de Tonalá—por haber incumplido con la presentación del informe anual de los recursos asignados por concepto de multas y sanciones impuestas a “sujetos infractores de la normatividad electoral”, y que, en su momento, deberían aplicarlos a la promoción de actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, cuando los susodichos se desempeñaron como directores generales del ex COCYTECH, hoy Instituto de Ciencia, Demonología e Innovación del Estado de Chiapas.
Llama poderosamente la atención que no se incluya a Harvey Gutiérrez Álvarez, y más aún, que haya pasado tanto tiempo para proceder en contra de los mencionados, y peor si todo indica que para la Auditoría Superior del Estado y demás instancias contraloras, estas conductas omisas, constitutivas de delitos, duermen el sueño de los injustos.
Más preguntas que respuestas: ¿Por qué y quien protege a Harvey Gutiérrez Álvarez, si se le ha señalado reiteradamente de que escamoteó dineros de esa institución?; ¿Por qué hasta hoy “se da cuenta” el IEyPC?; ¿Posee atribuciones el Instituto de Elecciones para actuar unilateralmente?; ¿Sigue el “tortuguismo” del estado de derecho transitando en las vías de los intereses políticos?; ¿A cuánto ascienden esos recursos y en qué bolsillos quedaron?; ¿Es suficiente una “amonestación pública”?.
Siguen fluyendo las preguntas, y las respuestas, apenas se asoman, burlonas, en túneles infectos de demagogia pura.
#YaNiLaJoden.
