El presidente Mauricio Macri, anunció la puesta en marcha de diversas políticas en Argentina, las cuales evitarán todo tipo de manifestación pública.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó los alcances que tendrá el nuevo protocolo de seguridad que, según grupos opositores, pone en riesgo los derechos constitucionales relacionados a la protesta y a la libertad de prensa.
Bullrich dijo que los grupos de manifestantes que cierren vialidades tendrán cinco o diez minutos para “irse por las buenas” y si no se van serán desalojados.
Este nuevo protocolo también permitirá que la primera línea de efectivos policiales porten “armas no letales” que no se especifican.
También, este protocolo, obliga a los periodistas a que se cubran las manifestaciones en donde les ordene la policía, violando así la libertad de prensa.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos argentinos más respetados a nivel mundial, advirtió que esta política pone en juego aspectos esenciales de la democracia.
El CELS indicó que para el gobierno las manifestaciones las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad , por ello, la primera respuesta del Estado ante estas las darán fuerzas de seguridad.