Agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) , ejecutaron una orden de aprehensión en contra de una ex consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.
En conferencia de prensa, el director General Adjunto de Integración de Averiguaciones Previas de la Fepade, Ramsés Ruíz Cáceres, dio a conocer que buscan a cuatro funcionarios más así como al representante legal de la empresa DSI Elecciones SA de CV, por el presunto delito de fraude electoral cibernético durante los comicios de 2015 en Chiapas, que propiciaron el triunfo de Roberto Pardo Molina como “Diputado Migrante”.
Este es el primer caso sobre la materia en la historia de los comicios en México, en el que ex funcionarios electorales son perseguidos y encarcelados por el delito de fraude electoral cibernético, señaló la Fepade.
La funcionaria capturada fue identificada como Margarita Esther López Morales, quien fue detenida por los elementos de la PGR cuando se dirigía a dejar a sus hijos a la escuela, fue internada en el penal número 14, mejor conocido como “El Amate”.
Horas después de su detención, como el delito fue considerado “no grave”, quedó libre tras pagar una fianza de 15 mil pesos, sin embargo seguirá enfrentando su proceso de manera personal de acuerdo a las leyes vientes.
El Juzgado giró las cinco órdenes de aprehensión en contra de los consejeros electorales Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, María del Carmen Girón López, Carlos Domínguez y Margarita López Morales; así como contra Amable Mendoza de los Santos, quien fue secretaria técnica de la comisión para los votos de los chiapanecos en el extranjero.
La averiguación de la Fepade arrojó que el listado nominal de chiapanecos en el extranjero fue alterado; el IEPC contrató a la empresa DSI Elecciones, la cual refirió haber recibido un total de 17 mil 573 solicitudes de registro de votantes chiapanecos en el extranjero, de estos el IEPC validó 10 mil 808 registros.
Los consejeros electorales no cotejaron ni verificaron la veracidad de los datos incluidos en la lista, en la cual se incluyeron datos falsos respecto a la residencia en el extranjero de 10 mil 808 personas.
También se utilizaron redes virtuales privadas a fin de ocultar la identidad IP, correos electrónicos falsos y registro de personas inhabilitadas para votar por razones de defunción, pérdidas de derechos políticos o porque eran residentes de estados dentro de México y hasta de Chiapas.
