Ciudad de México. – El ambiente político en México se ve envuelto en una serie de denuncias y controversias que han agitado las aguas de la contienda. Morena, el partido en el poder, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), acusando al PAN, al PRI de pactar un reparto de cargos de manera cínica y grotesca en su coalición de 2023 en Coahuila. Mientras que la precandidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, arremetió contra Claudia Sheinbaum, denunciando el presunto financiamiento de su campaña con recursos de Notimex.
Morena, partido en el poder, desató su artillería legal contra la oposición, al presentar anoche una denuncia en contra del PAN, el PRI y el gobernador de Coahuila. La acusación se centra en el presunto reparto de cargos que habrían pactado en su coalición para las elecciones de 2023. Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General del INE, arremetió contra el dirigente panista Marko Cortés y las dirigencias del PRI y el PRD.
En una declaración enfática, Gutiérrez Luna denunció la grotesca manera en que, con sus firmas, se pactó la distribución de cargos públicos, incluyendo notarías, magistraturas y espacios en el instituto local de transparencia. “Son unos cínicos, unos rateros, y por eso los vamos a denunciar”, afirmó Gutiérrez Luna al presentar la queja ante la Oficialía de Partes del INE.
La guerra de denuncias se intensifica en un momento delicado, ya que la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral operan actualmente con encargados de despacho, según informes de Animal Político. La incertidumbre sobre el proceso de investigación agrega un elemento adicional de complejidad a la ya tensa situación política.
En otro frente, la precandidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, arremetió contra la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Gálvez presentó una denuncia ante el INE, solicitando la investigación del presunto desvío de recursos públicos de la extinta agencia Notimex a la precampaña de Sheinbaum.
La denuncia surge tras las revelaciones de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, quien afirmó que la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, solicitó un “moche” del 20% de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia para destinarlos a la campaña de Sheinbaum. Gálvez, en un mensaje a medios, recordó que estas acusaciones no fueron inventadas por la oposición, sino que fueron expuestas por Martínez, considerada cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La precandidata sostiene que el INE no debe ser omiso y debe tomar medidas cautelares hacia López Obrador, quien la declaró inocente e “inteligente y honesta”. Gálvez subrayó la gravedad de los delitos electorales, que, de ser probados, podrían llevar a prisión preventiva a los funcionarios señalados por la exdirectora de Notimex.
Las denuncias por desvío de recursos públicos también se dirigirán a la Fiscalía de Delitos Electorales. Claudia Sheinbaum, la extinta Notimex y el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, se encuentran vinculados en la investigación por los delitos de desvío y uso de recursos públicos para financiar la campaña presidencial de Sheinbaum.
Humberto Aguilar, representante del PAN ante el INE, anticipó la presentación de pruebas, utilizando la publicación de Sanjuana Martínez como evidencia. Además, mencionó las declaraciones de Marcelo Ebrard, quien acusó con anterioridad a la Secretaría del Bienestar de utilizar los programas sociales para favorecer las aspiraciones políticas de Sheinbaum.
El escenario se complica aún más con la contradicción entre las partes involucradas. La Secretaría del Trabajo y la presidencia niegan las acusaciones, mientras Sanjuana Martínez reitera sus afirmaciones. La tensión política crece, alimentada por la incertidumbre sobre el manejo de las investigaciones y el posible impacto en las elecciones presidenciales.
México se encuentra en un momento crucial, con denuncias cruzadas entre los actores políticos principales. La batalla legal en el INE y la posible investigación por desvío de fondos acentúan la polarización y la desconfianza en el proceso electoral. El desafío radica en la imparcialidad y eficacia de los órganos encargados de llevar a cabo las investigaciones, en un contexto donde las acusaciones y contradenuncias amenazan con opacar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral avala el funcionamiento del INE con encargadurías de despacho, pero la incertidumbre persiste sobre cómo estas decisiones afectarán el desarrollo de las elecciones. Con la fecha de los comicios presidenciales acercándose, la atención se centra en la capacidad de las instituciones para mantener la integridad del proceso y preservar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
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