Pijijiapan expresión más Miserable de la Corrupción Pública
A Fuego Lento.
Por: Alberto Ramos García.
En Chiapas no sólo se trafica con la desesperación humana, también se administra la pobreza migrante como si fuera una caja chica del poder local.
Lo que hoy revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es un accidente administrativo ni una simple cadena de “faltas de comprobación”; es algo mucho más grave, la posible conversión del sufrimiento de niñas, niños y adolescentes migrantes en un botín burocrático, electoral y presupuestal.
Y si esto se confirma, estaríamos frente a una de las expresiones más miserables de la corrupción pública, robarse el dinero destinado a menores en contexto de movilidad y abandono.
Porque una cosa es desviar recursos de obra pública, inflar contratos o simular servicios y otra muy distinta, desde la moralidad, hacer negocio con infancias migrantes, con su alimentación, su resguardo, su salud y su supervivencia.
Los municipios de Pijijiapan, Motozintla, Villa Comaltitlán y Tapalapa, en Chiapas, quedaron bajo observación de la ASF por irregularidades que superan los ocho millones de pesos en programas de asistencia para población migrante, particularmente niñas, niños y adolescentes.
No se trata de rumores, ni de “grillas” locales, se trata de hallazgos de auditoría en la Cuenta Pública 2024, vinculados a recursos federales ejercidos mediante esquemas de asistencia social y atención a población vulnerable.
Pero, ¿dónde está el dinero?, ¿dónde están los alimentos?, ¿dónde están los insumos básicos?, ¿dónde están los padrones de beneficiarios?, ¿dónde están los expedientes, las evidencias, las firmas, las entregas, los registros, las constancias?
Si el recurso fue reportado como ejercido, pero no existe evidencia suficiente de que llegó a su destino, entonces no estamos ante un “detalle contable”, estamos frente a una posible simulación institucionalizada.
En Pijijiapan, la ASF observó irregularidades por más de 1.9 millones de pesos en el programa de fortalecimiento para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes; más de 1.3 millones se habrían destinado a la compra de productos de primera necesidad y más de 536 mil pesos a gastos de operación de un albergue.
Pero cuando llegó la hora de comprobar, la realidad fue otra, no aparecieron evidencias suficientes de la compra de productos ni de la operación efectiva del supuesto albergue.
En papel hubo ayuda, pero en la realidad, no está claro que haya existido.
Si el caso de Pijijiapan retrata el vacío documental, el de Villa Comaltitlán exhibe algo aún más grotesco, la posibilidad de que se hayan destinado cinco millones de pesos a la operación de un Centro de Asistencia Social (CAS) que, sencillamente, no entró en funciones durante la administración correspondiente.
No hubo listas de beneficiarios consistentes. No hubo evidencia suficiente de entrega de alimentos. No hubo documentación robusta que acreditara la efectividad de los apoyos.
Una anomalía de este tamaño bastaría para congelar aspiraciones políticas, activar responsabilidades administrativas y abrir investigaciones penales si proceden; pero en Chiapas, mientras la ASF pregunta por el dinero, los involucrados ya levantan la mano rumbo a futuras candidaturas.
En Motozintla, la auditoría identificó pagos por 947 mil 520 pesos a supuesto personal médico cuyos documentos profesionales no fueron presentados de manera suficiente ante la autoridad revisora; mientras que en Tapalapa, las anomalías se relacionan con la aplicación de un programa de desayunos del que tampoco se acreditó debidamente su ejecución.
Lo que exhiben estos hallazgos es la fragilidad estructural del modelo de atención migratoria en la frontera sur; un modelo que ha sido rebasado, saturado, discrecional, fragmentado y con enormes zonas grises donde conviven presupuestos federales, improvisación municipal, asistencialismo sin evaluación y una burocracia que opera sin trazabilidad real sobre el destino del dinero.
La ASF ha explicado que su labor no es sólo detectar faltantes, sino revisar si el recurso federal fue efectivamente aplicado conforme a su objeto, con evidencia y trazabilidad suficientes. Cuando eso falla, no estamos únicamente ante un problema de “papelería”, estamos frente a un problema de legalidad, control interno y posible daño al erario.
Desde hace años, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, así como defensores y activistas como Luis Rey García Villagrán, han advertido que la frontera sur mexicana no sólo es un corredor de movilidad humana, también es un espacio donde convergen abuso institucional, corrupción, extorsión, contención selectiva y criminalización de la defensa de derechos humanos.
Por eso resulta ingenuo seguir tratando la corrupción migratoria como una colección de casos aislados. No lo son. Son piezas de un mismo rompecabeza, el de una frontera donde la emergencia humanitaria se administra también como oportunidad presupuestal.
Los recursos observados derivan, en parte, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), integrado al Ramo 33, cuyo propósito es financiar acciones e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, rezago social y grupos históricamente discriminados. Entre esos grupos se considera prioritario atender a niñas, niños y adolescentes y otras poblaciones vulnerables.
En Chiapas, como en demasiadas partes del país, los recursos sociales a menudo parecen entrar a una dimensión paralela donde se reportan, se justifican, se “ejercen” y hasta se celebran… aunque en territorio nadie los vea.
Ese es el corazón del problema mexicano, aquí el presupuesto muchas veces sí existe en el Excel, pero no en la vida de la gente.
Lo preocupante es que cada apoyo no entregado puede traducirse en una niña durmiendo en la calle, un adolescente sin atención médica, una familia expuesta a redes de trata, una madre migrante sin alimento para sus hijos, una infancia atrapada entre el abandono estatal y la explotación criminal.
Y en un estado como Chiapas, que ha arrastrado desde la administración pasada violencia, desplazamiento, militarización de rutas y colapso institucional en múltiples zonas, esa omisión no es menor.
Organizaciones civiles han advertido además sobre el deterioro humanitario en distintas regiones del estado y la falta de respuestas consistentes del Estado mexicano.
Si el dinero público para menores migrantes puede desaparecer entre facturas, formatos y firmas sin consecuencia alguna, entonces el mensaje institucional es devastador, en México se puede lucrar con la niñez migrante y no pasa nada.
Y si las auditorías de la ASF son apenas la punta del iceberg, entonces Chiapas no enfrenta únicamente un problema de desorden administrativo, enfrenta algo más peligroso, la institucionalización del saqueo bajo discurso de asistencia humanitaria, un nicho que han visto las administraciones pasadas.
Si se confirma que hubo simulación o desvío, no sería sólo corrupción, sería canibalismo presupuestal sobre la infancia migrante; y un Estado que permite eso ya no administra una crisis humanitaria, la explota y se sirve de ella.
Finalmente…
Indudablemente, falta en el Congreso del Estado una iniciativa para hacer obligatorio el estudio de impacto de movilidad para la autorización de nuevos desarrollos habitacionales en el estado.
Precisamente, una reformar de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chiapas para establecer que, para la edificación de nuevos fraccionamientos, unidades habitacionales y centros de población será indispensable el estudio de impacto de movilidad para la autorización del estudio de impacto ambiental y la emisión de licencias o permisos de construcción por parte de los Ayuntamientos.
Lo cierto, la única autoridad municipal que encabezó , Vicky Rincon , en oponerse al entonces gobernador Pablo Salazar M, en darle licencia o permiso , para construir en la reserva ecológica donde hoy, está la Plaza Polifórum
Y la historia registra que entrando como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrera, otorgó más “rápido que un rayo , la licencia o permiso de construcción : La plaza Poliforum en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue construida en la zona de influencia de la Reserva Ecológica El Zapotal.
Nos leemos en la próximo lunes, Dios mediante , y recuerden que tenemos un gobernador con Eduardo Ramírez Aguilar, quien no “ pierde piso “ , que contentas llamadas a su celular …Ejemplo , a seguir para aquellos funcionarios que se subieron al “ladrillo” . Pácatelas!
