Un migrante hondureño, de nombre Luis Molina, momentos antes de ingresar a las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para solicitar apoyo, denunció los actos de extorsión de los que fue víctima, por parte de presuntos policías del ayuntamiento de Tapachula.
El migrante dio a conocer que el pasado 11 de diciembre, junto con su esposa, fueron víctimas de un secuestro exprés perpetrado por elementos de la policía municipal y un trabajador del ayuntamiento de Tapachula, este último se hizo pasar por el comandante.
“Estaba en el hotel pagando la cuenta y fue en ese momento cuando se presentó el policía municipal diciendo que me estaban buscando porque había un reporte contra mí”, señaló.
De pronto, de forma agresiva y sin ninguna orden, el presunto policía procedió a sacarlo del lugar para después llevárselo a la patrulla. Su esposa fue dejada en el hotel durante el secuestro. El migrante dijo que aceptó las órdenes del policía pues respeta la justicia del país, pero nunca imaginó que se trataba de la privación ilegal de su libertad.
“Me subieron a la patrulla y como media cuadra adelante se subió una persona vestida de civil, que me dijeron era el comandante; ahí comenzó mi odisea. Comenzaron a insultarme y a amedrentarme diciéndome que si no accedía me meterían a la cárcel por 5 años o me iban a matar”.
Los sujetos amenazaron al migrante diciendo que si no aceptaba, irían donde estaba su pareja en el hotel, por lo que decidió cooperar, en ese momento fue agredido físicamente y le exigieron números telefónicos de sus familiares, le proporcionó el de un amigo de Sonora, a quien le exigieron la cantidad de 7 mil pesos para su rescate.
Luis Molina ingresó a una tienda departamental para retirar el dinero, mientras la patrulla lo esperaba, solicitó apoyo al interior del lugar pero por temor se le fue negado, por lo que no tuvo más opciones que regresar con los secuestradores para entregar el dinero, al salir de la tienda, le quitaron el efectivo y le dijeron que ya estaba libre.
Al regresar al hotel pidió apoyo con el propietario, quien le brindó las grabaciones de las cámaras de seguridad, las cuales presentó como evidencia, sin embargo no fueron suficientes para actuar a favor del afectado.
Molina investigó los nombres y cargos de quienes lo retuvieron, los cuales no reveló para poder continuar con las quejas hasta que se haga justicia, no sólo por él, sino por más centroamericanos, pues detectó que otras personas han sido víctimas de la misma situación en el mismo hotel.
