Por Octavio Ovando.
Tonalá, Chiapas.- “Con viejas promesas de campaña fueron usados y abandonados a su suerte pescadores de la región istmo-costa”, sentenciaron líderes de diversas cooperativas, luego de casi nueve años de gestiones ineficientes por parte de políticos señalados por corrupción.
Con aire de decepción, líderes de cooperativas pesqueras de este municipio señalaron que por casi nueve años los políticos encargados de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Chiapas se dedicaron a lucrar con las necesidades de los pueblos pesqueros y dar únicamente dádivas a los trabajadores del mar, sin resolver de fondo los problemas de productividad que actualmente existen en la región.
Mencionaron que, desde la administración de Plácido Morales Vázquez en esta Secretaría (hoy coordinador en el partido MORENA) se dejó de invertir en infraestructura pesquera como en programas vitales para el desarrollo comercial de los productos del mar, “vendiendo” este personaje entre los grupos de pescadores la mentira de “rescatar” las zonas de azolvadas, a cambio de apoyo político para sus proyectos personales.
Más tarde, a la llegada de Diego Valera Fuentes (actual candidato a Senador) a la mencionada dependencia de gobierno, los líderes pesqueros relataron que esperaban un cambio positivo en este panorama, sin embargo, una vez más fueron timados con la promesa constante de “mayores recursos” para la comercialización de sus productos y la creación de proyectos productivos. Lamentaron que su paso únicamente haya servido para la creación del Programa Social “Pescando con el Corazón”, el cual utilizó para sus fines electorales, incorporando a este padrón a personas sin ninguna relación con el oficio del mar.
De manera última, expusieron que la presencia de Manuel Narcía Coutiño (hoy candidato a alcalde de Tonalá por el PVEM), sirvió para terminar de cerrar los programas necesarios para la comercialización, la capacitación y el desarrollo pesquero y acuícola en la región istmo-costa, dejando a su paso no solamente grupos de pescadores sin herramientas para continuar con sus actividades, sino decenas de despidos injustificados en esta empresa gubernamental.
Cabe destacar que este último político oriundo del municipio de Carranza, cuenta con observaciones en su contra por malversación de fondos que ascienden a más de 24 millones de pesos, lo cual obra en la auditoría 124/2015 del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas.
